Hacer de la autonomía de las mujeres rurales una fuerza de desarrollo

Las mujeres rurales contribuyen cada día a la vitalidad económica, social y humana de los territorios. Producen, transforman, comercializan, emprenden, cuidan de sus familias, transmiten conocimientos y contribuyen a preservar los recursos de los que dependen las comunidades.

Su papel va mucho más allá del ámbito exclusivamente agrícola. Abarca la seguridad alimentaria, la economía local, la educación de los niños, la salud de las familias, la cohesión comunitaria y la capacidad de los territorios para resistir las crisis.

Esta considerable contribución plantea una exigencia sencilla: las mujeres rurales deben poder disponer de los derechos, los recursos y las oportunidades que corresponden al lugar que ya ocupan en el desarrollo.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales nos invita, por tanto, a ir más allá del mero reconocimiento de su aportación para examinar las condiciones en las que dicha aportación puede traducirse realmente en autonomía, ingresos, participación en la toma de decisiones y mejora sostenible de las condiciones de vida.

Reconocer la contribución de las mujeres rurales sin reforzar su capacidad de acción deja sin completar una parte esencial del desarrollo.

En numerosos contextos, las mujeres participan activamente en la producción, pero disponen de un acceso más limitado a la tierra, la financiación, los equipos, las tecnologías, la formación o los mercados.

Algunas cultivan sin disponer de la seguridad suficiente sobre las tierras que explotan. Otras desarrollan actividades económicas sin poder acceder fácilmente al crédito o a los mecanismos de apoyo. Muchas aún deben recorrer largas distancias para acceder a servicios esenciales, transportar sus productos o llegar a los mercados.

Estas limitaciones no son independientes unas de otras.

La falta de infraestructuras puede reducir el acceso a los mercados. La falta de financiación puede impedir la adquisición de equipos. Una escasa seguridad de la tenencia de la tierra puede limitar la inversión. La insuficiencia de los servicios de proximidad puede aumentar el tiempo dedicado a las tareas cotidianas y reducir el tiempo disponible para la formación, la actividad económica o la participación comunitaria.

A estas dificultades se suma la carga del trabajo doméstico y familiar no remunerado, que a menudo recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Esta responsabilidad sustenta directamente la vida de los hogares y las comunidades, pero sigue siendo en gran medida invisible en las evaluaciones económicas. Sin embargo, puede limitar el acceso de las mujeres a la educación, la formación, los ingresos o los espacios de toma de decisiones.

Una política de desarrollo rural no puede ignorar esta realidad.

Debe tener en cuenta no solo lo que producen las mujeres, sino también las condiciones en las que producen, se desplazan, acceden a los servicios, asumen sus responsabilidades familiares y desarrollan sus proyectos.

Los cambios medioambientales refuerzan aún más esta exigencia.

El cambio climático, la degradación del suelo, la presión sobre los recursos hídricos, la evolución de las estaciones y la proliferación de fenómenos extremos afectan directamente a las economías rurales. Cuando los recursos escasean o disminuyen los rendimientos, las consecuencias repercuten en los ingresos, la alimentación y la estabilidad de los hogares.

Las mujeres rurales suelen encontrarse en primera línea ante estos efectos.

Sus conocimientos sobre los cultivos, los recursos locales, la organización comunitaria y las estrategias de adaptación constituyen un capital inestimable. Sin embargo, esta experiencia no puede desarrollar todo su potencial si quienes la poseen siguen sin participar suficientemente en las decisiones relativas a la agricultura, el medio ambiente, las inversiones o la ordenación del territorio.

La resiliencia de un territorio depende también del lugar que se conceda a aquellas personas que conocen a diario sus recursos, sus limitaciones y sus necesidades.

Esta participación debe ir más allá de la mera consulta.

Las mujeres rurales deben poder contribuir a la definición de las políticas que afectan directamente a su trabajo, sus ingresos, su entorno y sus familias. Su presencia en las organizaciones profesionales, las estructuras comunitarias, las cooperativas y los espacios de gobernanza local debe permitirles ejercer una influencia real en las decisiones.

Esta capacidad reviste especial importancia cuando las políticas públicas tienen por objeto modernizar los sistemas agrícolas, desarrollar las infraestructuras, ampliar los servicios digitales o transformar las cadenas de valor.

La transformación tecnológica abre, en este sentido, nuevas posibilidades.

Las herramientas digitales pueden facilitar el acceso a la información, a los mercados, a los servicios financieros, a la formación y a los datos útiles para la producción. Pueden reducir ciertas distancias y abrir nuevas oportunidades de mercado.

Sin embargo, su potencial depende de condiciones concretas: cobertura digital, coste de los equipos, competencias, acceso a la energía, alfabetización y confianza en las herramientas utilizadas.

Una innovación inaccesible no reduce las desigualdades; puede incluso reforzarlas.

Por lo tanto, el desarrollo digital de las zonas rurales debe concebirse de tal manera que incluya a las mujeres desde el momento de su implantación, en lugar de pedirles que se pongan al día más tarde con transformaciones en las que no habrán participado lo suficiente.

La misma exigencia se aplica a las cadenas de valor.

Las mujeres rurales no deben quedar relegadas a las etapas menos remuneradas de la producción. Deben poder acceder en mayor medida a la transformación, la comercialización, la gestión, el espíritu empresarial y a las actividades que permiten conservar una mayor parte del valor creado en los territorios.

Esta evolución requiere una financiación adecuada, formación accesible, infraestructuras de almacenamiento y transformación, mercados mejor organizados y políticas que favorezcan realmente las iniciativas económicas de las mujeres.

También requiere una mejor protección social.

Una enfermedad, un accidente, una mala cosecha o una crisis familiar pueden sumir rápidamente a un hogar rural en una situación de vulnerabilidad. Cuando los mecanismos de protección son débiles o de difícil acceso, las mujeres pueden verse obligadas a reducir su actividad, vender recursos productivos o renunciar a ciertas necesidades básicas.

Por lo tanto, el desarrollo de las economías rurales exige también reforzar su capacidad para absorber las crisis sin perder los avances ya logrados.

Para la Asociación Mundial para el Desarrollo, los derechos de las mujeres rurales, su autonomía económica y su participación no constituyen objetivos separados del desarrollo.

Son condiciones previas para el desarrollo.

Una mujer que asegura su actividad puede invertir más. Aquella que accede a una formación puede mejorar su producción o desarrollar una nueva actividad. Aquella que disfruta de unos ingresos más estables puede ampliar las oportunidades de su hogar. Aquella que participa en la toma de decisiones puede contribuir a orientar las políticas hacia las necesidades que realmente se viven.

Cuando aumentan las capacidades de las mujeres rurales, aumentan con ellas las capacidades de desarrollo de los territorios.

Esta dinámica exige una responsabilidad compartida.

A las autoridades públicas les corresponde garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, desarrollar las infraestructuras y hacer que los servicios sean accesibles más allá de los grandes centros urbanos.

A las instituciones financieras les corresponde la responsabilidad de adaptar en mayor medida sus instrumentos a las realidades de las actividades rurales y a las necesidades de las mujeres emprendedoras.

A los agentes económicos les corresponde la obligación de establecer relaciones más equitativas en las cadenas de valor y de facilitar el acceso de las productoras a los mercados.

Por último, a los socios para el desarrollo les corresponde la necesidad de apoyar soluciones que refuercen de forma sostenible las capacidades locales, en lugar de multiplicar las intervenciones puntuales sin continuidad.

La Asociación Mundial para el Desarrollo considera que el empoderamiento de las mujeres rurales debe medirse a partir de resultados concretos: mayor seguridad en el acceso a los recursos, más oportunidades económicas, más servicios accesibles, mayor participación en la toma de decisiones y mayor capacidad para elegir su propio camino.

El reto no consiste en convertir a las mujeres rurales en beneficiarias permanentes de políticas concebidas en otros lugares.

Se trata de dotarlas de los medios necesarios para que se conviertan en protagonistas de pleno derecho de las transformaciones que afectan a sus territorios.

La lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, el empleo, la educación y el desarrollo de las economías locales dependen, en parte, de nuestra capacidad colectiva para eliminar los obstáculos que aún limitan dicha participación.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales nos recuerda, por tanto, que ningún territorio puede construir su futuro de forma sostenible dejando que una parte esencial de sus fuerzas productivas, sociales y humanas quede al margen de los recursos y las decisiones.

Promover el avance de las mujeres rurales no significa acompañar a un grupo que se encuentra al margen del desarrollo. Significa reforzar uno de los motores que permiten a los territorios producir, resistir las crisis y construir su propio futuro.

Día Internacional de las Mujeres Rurales
15 de octubre de 2026

Presidente ejecutivo

Hugues B. GNIMADI

Asociación Mundial para el Desarrollo — AMD
Trabajemos por el desarrollo sostenible de los pueblos y las comunidades