Cuarenta años después de su reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, el derecho al desarrollo no puede evaluarse únicamente a la luz de los compromisos adquiridos. Se mide por la capacidad de las poblaciones para participar en las decisiones que les afectan, para disfrutar de una igualdad real de oportunidades y para compartir los avances logrados. La reunión de alto nivel del 23 de septiembre de 2026 vuelve a situar esta exigencia en el centro del debate internacional. La AMD considera que es una oportunidad para contrastar los avances logrados con los obstáculos que siguen limitando su consecución y con sus efectos sobre el desarrollo sostenible de los pueblos.

 

El 23 de septiembre de 2026, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó una reunión de alto nivel al cuadragésimo aniversario de la Declaración sobre el derecho al desarrollo. Incluida en los trabajos del 81.º período de sesiones, esta reunión invita a contrastar el reconocimiento internacional de este derecho con las condiciones en las que las poblaciones pueden ejercerlo efectivamente.

Lo que está en juego va más allá de la conmemoración. Cuarenta años después de la adopción del texto, se trata de la capacidad de las políticas públicas y de la cooperación internacional para hacer accesible el progreso, reducir las exclusiones e involucrar a los pueblos en las decisiones que determinan su futuro.

 

Un reconocimiento trascendental, unos avances aún desigualmente repartidos

En 1986, el desarrollo se convirtió en una cuestión de derechos

Aprobada el 4 de diciembre de 1986, la Declaración reconoce a toda persona y a todos los pueblos el derecho a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, a contribuir a él y a beneficiarse de él. Sitúa el bienestar humano, la participación y la distribución equitativa de los beneficios en el centro de esta concepción.

Este reconocimiento supone un cambio importante en la valoración de las políticas. El aumento de la riqueza y la construcción de infraestructuras deben examinarse a la luz de sus efectos sobre las personas: sus posibilidades de aprender, de recibir asistencia sanitaria, de trabajar y de participar en la vida colectiva.

La forma de llevar a cabo el desarrollo es, por tanto, tan importante como los resultados obtenidos y su distribución. Una población debe poder contribuir a las decisiones que le afectan, respetando sus derechos y libertades.

La Declaración constituye un marco de referencia internacional. Sin embargo, no es, en sí misma, un tratado jurídicamente vinculante. Su reconocimiento debe ir acompañado de disposiciones, instituciones y políticas que permitan su aplicación.

Los avances a escala mundial no reflejan todas las realidades

En su intervención del 23 de septiembre, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, recordó los avances logrados en materia de salud, educación, reducción de la pobreza y conectividad. Asimismo, destacó su distribución desigual entre las regiones y dentro de las sociedades.

Estos avances son fruto de políticas nacionales, evoluciones económicas, innovaciones y esfuerzos de cooperación. No pueden atribuirse únicamente a la Declaración. No obstante, dan testimonio de las transformaciones que se han producido desde su reconocimiento.

El balance debe tener en cuenta también a quienes quedan al margen. El aumento de la escolarización puede coexistir con un abandono escolar persistente entre las niñas desfavorecidas. La ampliación de los servicios sanitarios puede dejar sin resolver obstáculos financieros o geográficos. El crecimiento económico puede crear puestos de trabajo sin garantizar unos ingresos suficientes ni una protección duradera.

El derecho al desarrollo nos lleva, por tanto, a examinar no solo lo que revelan los resultados nacionales, sino también lo que estos pueden ocultar.

 

Por qué sigue siendo difícil hacer realidad este derecho

De las limitaciones internacionales a las consecuencias locales

La financiación constituye uno de los principales obstáculos. Según el informe «A World of Debt 2025» de la UNCTAD, 61 países en desarrollo destinaron al menos el 10 % de sus ingresos públicos al pago neto de intereses de su deuda en 2024. Esta carga puede limitar los recursos disponibles para inversiones esenciales.

Estas decisiones tienen consecuencias humanas. El aplazamiento de la contratación de docentes, del mantenimiento de una red de abastecimiento de agua o de la dotación de un centro sanitario puede afectar de forma duradera a la población. Las dificultades para acceder a la financiación se convierten así en obstáculos para el ejercicio de los derechos.

Los conflictos también pueden interrumpir el proceso de aprendizaje, desorganizar los servicios públicos y destruir los medios de subsistencia. Los desplazamientos forzados prolongan estos efectos en las comunidades de acogida. Preservar los logros del desarrollo exige, por tanto, apoyar la prevención, los acuerdos políticos y la continuidad de los servicios esenciales.

Las decisiones nacionales también determinan quiénes se benefician del progreso

Las limitaciones externas no explican todas las deficiencias. Una distribución desigual de los presupuestos, una gestión poco transparente o la discriminación pueden limitar el acceso a los recursos disponibles.

La participación desempeña aquí un papel decisivo. Cuando las poblaciones disponen de poca información o de posibilidades limitadas para intervenir en las decisiones, existe el riesgo de que sus necesidades no se tengan suficientemente en cuenta.

La realización del derecho al desarrollo depende, por tanto, de responsabilidades complementarias: crear un entorno internacional favorable y aplicar, a nivel nacional, políticas accesibles, equitativas y sujetas a la obligación de rendir cuentas.

 

El 23 de septiembre, una exigencia renovada de aplicación

Orientaciones que deben traducirse en medidas concretas

Durante la reunión, Khalilur Rahman hizo hincapié en la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas. Asimismo, se refirió a los obstáculos relacionados con la financiación y la deuda, así como a la necesidad de reducir las brechas digitales y desarrollar una gobernanza de las tecnologías basada en los derechos humanos.

Estas orientaciones recuerdan que las condiciones para la realización del derecho al desarrollo están cambiando. El acceso a las competencias, a las infraestructuras digitales y a los medios de adaptación medioambiental influye ahora en mayor medida en las perspectivas de las poblaciones.

Las intervenciones constituyen posiciones políticas. Su alcance deberá evaluarse a través de las decisiones, los recursos y las alianzas que les den continuidad.

Esta exigencia se inscribe en el tema de la 81.ª sesión: restablecer la confianza y reforzar una Organización de las Naciones Unidas al servicio de todos. Para la AMD, la confianza se consolida cuando la cooperación contribuye a reducir los obstáculos identificables en la vida de los pueblos.

 

El desarrollo más allá de las cifras: medir lo que cambia para las poblaciones

El derecho al desarrollo se vincula directamente con la misión de la Asociación Mundial para el Desarrollo. Establece un vínculo entre los compromisos internacionales y las posibilidades concretas de continuar los estudios, recibir asistencia sanitaria, acceder a un empleo y participar en la toma de decisiones.

En sus ámbitos de intervención, la AMD considera que la evaluación de las acciones debe centrarse en:

• El acceso efectivo, identificando a las personas que siguen excluidas y los obstáculos con los que se enfrentan;

• La capacidad de actuar, en particular a través de la educación, las competencias, el empoderamiento económico y la participación;

• La sostenibilidad de los resultados, gracias a instituciones, recursos y responsabilidades que garanticen su continuidad.

Esta interpretación confiere un alcance concreto al vínculo entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Invita a examinar los cambios logrados para las poblaciones, más allá del número de actividades realizadas.

Cuarenta años después de su reconocimiento internacional, el derecho al desarrollo sigue siendo un referente fundamental para orientar la acción pública y la cooperación. La reunión del 23 de septiembre vuelve a poner de relieve la responsabilidad de hacer efectivo este reconocimiento. Su consecución se medirá en función de las oportunidades que se ofrezcan de forma sostenible a los pueblos para participar en el progreso, beneficiarse de él y determinar sus orientaciones.

 

Morgan CHOKI