Convertir el acceso a la información en un auténtico poder de acción

Nunca antes en nuestra historia se había generado, difundido y compartido tanta información. Las tecnologías digitales han reducido considerablemente las distancias, han acelerado la circulación del conocimiento y han abierto nuevas posibilidades de acceso a los servicios, a las instituciones y al debate público.

Sin embargo, esta abundancia no significa que todas las personas dispongan efectivamente de la información que necesitan.

Con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Asociación Mundial para el Desarrollo considera que debe guiar nuestra reflexión una cuestión fundamental: ¿llega realmente la información disponible a las poblaciones, en una forma que puedan comprender, verificar y utilizar para mejorar sus condiciones de vida?

El acceso a la información es indisociable del desarrollo.

Conocer sus derechos, comprender un trámite administrativo, acceder a información sanitaria, descubrir una oportunidad de formación, identificar un programa público, conocer las condiciones de acceso a una financiación o disponer de información útil para una actividad económica puede modificar de manera concreta la trayectoria de una persona, una familia o una comunidad.

Por lo tanto, la información no es solo un recurso documental. Permite ejercer un derecho, tomar una decisión, acceder a un servicio, aprovechar una oportunidad y participar en la vida de la sociedad.

Sin embargo, un derecho reconocido en la legislación pierde parte de su alcance cuando su ejercicio sigue siendo difícil.

Persisten las desigualdades en el acceso a la información entre territorios, entre categorías sociales y entre poblaciones con capacidades digitales muy diferentes. Son especialmente visibles en las zonas rurales, donde la lejanía de las administraciones, la insuficiencia de las infraestructuras, el coste de la conectividad, la complejidad de los trámites, las barreras lingüísticas o incluso la falta de servicios de proximidad pueden impedir que los ciudadanos obtengan simplemente una información que, sin embargo, resulta esencial para su desarrollo.

Esta realidad nos obliga a ir más allá de una concepción meramente formal del acceso universal.

No basta con poner a disposición la información pública. También hay que hacerla accesible.

Esto supone procedimientos más sencillos, administraciones más cercanas a los ciudadanos, mecanismos de información adaptados a las realidades locales, contenidos comprensibles y canales diversificados. Allí donde el acceso digital sigue siendo limitado, los medios físicos, comunitarios, radiofónicos y otros medios de proximidad deben seguir desempeñando plenamente su función.

La transformación digital constituye, en este sentido, una oportunidad considerable, pero no debe convertirse en una nueva fuente de exclusión.

Cuando un trámite esencial se traslada exclusivamente a Internet sin que toda la población disponga de la conexión, los equipos o las competencias necesarias para realizarlo, la modernización puede alejar involuntariamente a algunos ciudadanos de los servicios a los que se pretendía facilitar el acceso.

Por lo tanto, el progreso tecnológico debe evaluarse también en función de su capacidad para reducir las distancias entre la información y la población.

Sin embargo, nuestra época se enfrenta a una segunda dificultad.

Junto a quienes aún carecen de información esencial, millones de personas viven ahora en un entorno caracterizado por una multiplicación constante de contenidos, en el que pueden circular simultáneamente información fiable, opiniones, manipulaciones, rumores y contenidos engañosos.

Nos encontramos así ante una paradoja: algunos ciudadanos carecen de información útil, mientras que otros se enfrentan a una abundancia de información cuya fiabilidad resulta difícil de determinar.

Por ello, la integridad de la información debe acompañar a partir de ahora a toda reflexión sobre su accesibilidad.

El derecho a la información debe permitir el acceso a una información fiable, comprensible, verificable y disponible en el momento en que se necesite. Sin estas condiciones, la información puede perder su función esclarecedora y, en determinadas circunstancias, contribuir, por el contrario, a la confusión, a la desconfianza o a la toma de decisiones perjudiciales.

Para la Asociación Mundial para el Desarrollo, el acceso universal a la información se basa, por tanto, en cuatro requisitos indisociables: la disponibilidad, la accesibilidad, la comprensibilidad y la fiabilidad.

Esta responsabilidad es colectiva.

Las autoridades públicas deben reforzar la transparencia y simplificar los mecanismos que permiten a los ciudadanos obtener información. Las administraciones locales y las instituciones de proximidad deben contribuir a acercar dicha información a las comunidades. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en la producción y la verificación de la información. Los actores del ámbito digital deben tener en cuenta los efectos de los entornos informativos que configuran. Por último, la educación debe permitir a los ciudadanos desarrollar progresivamente las competencias necesarias para buscar, comprender y valorar la información a la que están expuestos.

Debe prestarse especial atención a las personas que corren el riesgo de quedar al margen de esta evolución: las poblaciones rurales, las personas que viven en territorios con servicios insuficientes, las personas con discapacidad y los ciudadanos que se enfrentan a barreras lingüísticas, económicas o educativas.

Y es que la universalidad no se mide por la cantidad de información que se difunde. Se mide por la capacidad del ciudadano más desfavorecido para acceder a la información que necesita.

En este Día Internacional, la Asociación Mundial para el Desarrollo hace, por tanto, un llamamiento para que las políticas de acceso a la información evolucionen hacia sistemas más sencillos, más inclusivos, más cercanos a la población y mejor adaptados a las transformaciones digitales.

Nuestra ambición colectiva debe ser clara: lograr que el lugar de residencia, los ingresos, el nivel educativo, el idioma o el dominio de las tecnologías dejen de determinar la capacidad de una persona para conocer sus derechos, acceder a los servicios que le corresponden o participar en las decisiones que afectan a su futuro.

Y es que, cuando un ciudadano puede acceder a información fiable, comprenderla y utilizarla, la información deja de estar simplemente disponible: se convierte en un auténtico poder de acción y en un instrumento de desarrollo.

 

Día Internacional del Acceso Universal a la Información
28 de septiembre de 2026

Presidente ejecutivo

Hugues B. GNIMADI

Asociación Mundial para el Desarrollo — AMD
TRABAJEMOS POR UN PROGRESO SOSTENIBLE