Garantizar la protección social de las personas mayores constituye una responsabilidad fundamental de las sociedades y un criterio de su progreso. Para la Asociación Mundial para el Desarrollo, el aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de garantías efectivas de ingresos, atención y autonomía. Cuando las personas que han trabajado toda su vida no disponen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, se pone en tela de juicio la capacidad de los sistemas de solidaridad para proteger todas las trayectorias de vida.

La seguridad económica en la vejez implica mucho más que el pago de una prestación. Determina la posibilidad de tener un hogar, alimentarse, cuidar de la salud y conservar la libertad de decisión. En un mundo que envejece, estas garantías ocupan un lugar central en la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades.

¿Qué debe garantizar la protección social en la vejez?

La protección social de las personas mayores combina la seguridad de los ingresos, el acceso a la asistencia sanitaria y los apoyos necesarios a medida que evolucionan las necesidades. Su alcance depende de la coherencia entre estos componentes: una pensión pierde parte de su función protectora cuando los gastos indispensables absorben la mayor parte de los recursos disponibles.

La Recomendación n.º 202 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pilares de la protección social destaca, en particular, el acceso a la asistencia sanitaria esencial y una seguridad básica de ingresos para las personas mayores. Estas garantías, definidas a nivel nacional, constituyen un marco para prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión.

El reto consiste en hacer efectivos estos derechos. Una prestación debe poder solicitarse, obtenerse y percibirse de forma regular. La accesibilidad de los trámites, la proximidad de los servicios y la claridad de la información contribuyen, por tanto, plenamente a la calidad de la protección.

La AMD inscribe este requisito en un enfoque basado en la continuidad de los derechos. La seguridad de una persona no debería verse amenazada en el momento en que se reducen sus posibilidades de obtener nuevos ingresos.

¿Por qué una parte de la población carece de pensión?

Según el Informe mundial sobre protección social 2024-2026 de la OIT, el 79,6 % de las personas que han superado la edad legal de jubilación perciben una pensión, según los datos de 2023 o los últimos datos disponibles. Sin embargo, más de 165 millones de personas que han superado dicha edad no perciben ninguna. Dado que la edad legal varía según los países, este indicador no se corresponde con una categoría mundial uniforme de personas mayores de 60 años.

Esta falta de cobertura pone de manifiesto las limitaciones de unos sistemas que no logran proteger todas las trayectorias profesionales. En las economías en las que el empleo informal ocupa un lugar importante, muchos trabajadores alcanzan una edad avanzada sin haber podido acumular derechos suficientes. Las trayectorias profesionales discontinuas y los empleos con salarios bajos también debilitan la protección futura.

Las mujeres se ven especialmente expuestas a estos mecanismos. Las diferencias salariales y las interrupciones de la actividad laboral relacionadas con las responsabilidades familiares pueden limitar sus derechos de pensión. Las desigualdades en la vejez prolongan así las que han marcado la vida laboral.

La protección social debe tener en cuenta esta diversidad. Una larga contribución a la vida familiar, económica o comunitaria no siempre se traduce en una trayectoria laboral que genere derechos de jubilación.

¿Protege necesariamente una pensión contra la pobreza?

La existencia de una pensión no basta para garantizar la seguridad económica de su beneficiario. Su cuantía, su periodicidad y su evolución en relación con el coste de la vida son factores determinantes.

La cuestión afecta también a los países que cuentan con regímenes de pensiones antiguos y ampliamente desarrollados. En el Panorama de las pensiones 2025, la OCDE destaca que la pobreza monetaria en la vejez sigue siendo una realidad, que afecta en mayor medida a las mujeres y que tiende a aumentar a edades más avanzadas.

Por lo tanto, la evaluación de un sistema debe tener en cuenta las condiciones de vida que realmente permite. Una vez cubiertos los gastos de vivienda, alimentación, energía y salud, ¿qué recursos quedan disponibles? ¿Puede la persona hacer frente a un imprevisto sin endeudarse ni recurrir sistemáticamente a sus familiares?

Estas cuestiones dotan de un contenido concreto al concepto de adecuación de las pensiones. Invitan a las instituciones a valorar simultáneamente el alcance de la cobertura y la calidad de la protección ofrecida.

¿Cómo se puede construir una protección más inclusiva y sostenible?

La ampliación de la protección se basa en la combinación de varios mecanismos. Los regímenes contributivos permiten acumular derechos a lo largo de la vida laboral. Las pensiones no contributivas, financiadas con recursos públicos, pueden aportar seguridad a las personas que no cuentan con una cobertura suficiente.

Los trabajos de HelpAge International ponen de relieve el papel de las pensiones sociales para las poblaciones anteriormente excluidas. También subrayan que su eficacia depende de la cobertura de las personas con derecho a ellas y del nivel de las prestaciones.

La sostenibilidad de estos sistemas exige una financiación previsible, una gestión rigurosa y unas normas accesibles. También requiere una evaluación de los efectos de las reformas sobre las personas con carreras profesionales penosas, interrumpidas o con bajos salarios. La sostenibilidad financiera y la finalidad social deben examinarse conjuntamente.

Para la AMD, esta finalidad incluye una libertad esencial: poder seguir ejerciendo una actividad profesional por elección propia y poder retirarse de ella sin caer en la precariedad. La permanencia en el empleo no puede convertirse en la respuesta por defecto ante la insuficiencia de la protección.

¿Qué responsabilidad recae sobre las sociedades y las generaciones?

La solidaridad familiar contribuye a la seguridad de muchas personas mayores. Sin embargo, no puede constituir la única garantía de sus condiciones de vida. Una protección duradera debe preservar su autonomía económica, evitando al mismo tiempo que todo el apoyo recaiga sobre los recursos de sus familiares.

Esta responsabilidad colectiva exige una visión a largo plazo. Las condiciones laborales actuales, el reconocimiento de los períodos dedicados al cuidado de otras personas y la organización de la financiación social determinan en parte la seguridad del futuro.

La Asociación Mundial para el Desarrollo considera que los años adicionales deben ser años de oportunidades y dignidad. Garantizar unos ingresos previsibles, una asistencia accesible y una protección adaptada a las trayectorias vitales constituye la traducción concreta de esta ambición. El valor de un sistema solidario se mide por su capacidad para mantener estas garantías cuando las personas más las necesitan.

 

 

SAMYATH A. AMOUSSA