Los conflictos no solo destruyen vidas e infraestructuras: debilitan los servicios públicos, desorganizan las economías y reducen de forma duradera la capacidad de las sociedades para progresar. Cuando persiste la inseguridad y la impunidad debilita las instituciones, la reconstrucción ya no basta para garantizar un futuro sostenible. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas se ha puesto de manifiesto una exigencia: proteger a las poblaciones, consolidar la paz y preservar las condiciones mismas del desarrollo.

El fortalecimiento de la paz y la seguridad figura entre las prioridades anunciadas para este 81.º período de sesiones. Esta ambición plantea una cuestión que atraviesa toda la Agenda 2030: ¿cómo alcanzar los objetivos de desarrollo cuando las condiciones necesarias para su consecución se ven continuamente amenazadas?

Lo que está en juego son tanto los logros que hay que preservar como las posibilidades de futuro. Una sociedad puede perder sus infraestructuras, pero también sus competencias, su capacidad para organizar los servicios públicos y la confianza necesaria para la vida en comunidad. La paz protege los esfuerzos de desarrollo; la seguridad permite su puesta en práctica; la justicia contribuye a su legitimidad.

Los conflictos comprometen el desarrollo mucho más allá de la destrucción

Vidas trastornadas, servicios esenciales desorganizados

Las consecuencias de un ataque no se limitan al edificio destruido. Una red eléctrica dañada puede interrumpir el bombeo de agua, el funcionamiento de un hospital y la conservación de los alimentos. La marcha de los profesionales agrava estas interrupciones y complica el restablecimiento de los servicios.

El Comité Internacional de la Cruz Roja destaca que estos efectos se acumulan y pueden prolongarse durante años, e incluso décadas, tras los combates. Afectan a la salud, al aprendizaje y a los medios de subsistencia, mucho más allá de las pérdidas inmediatamente visibles.

La inseguridad también transforma los comportamientos cotidianos. Las familias dejan de desplazarse, los niños interrumpen su escolarización y los productores abandonan sus actividades. La violencia sexual, los traumas y las separaciones familiares generan necesidades de protección y acompañamiento a las que las instituciones debilitadas tienen dificultades para dar respuesta.

Según el ACNUR, a finales de 2025 había 117,8 millones de personas desplazadas por la fuerza, debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos o acontecimientos que alteraban gravemente el orden público.

Estos desplazamientos también ponen a prueba las capacidades de los territorios de acogida. Sin un apoyo suficiente a la educación, la atención sanitaria, la vivienda y el abastecimiento de agua, existe el riesgo de que las necesidades de los recién llegados y las de las comunidades de acogida entren en conflicto. La solidaridad internacional debe permitir dar respuesta a unas y a otras.

Economías y territorios debilitados de forma duradera

La violencia reduce la producción, perturba los intercambios y desalienta la inversión. Cuando los ingresos y las recaudaciones públicas disminuyen, los Estados disponen de menos recursos para responder a unas necesidades que, sin embargo, no dejan de crecer.

En un análisis publicado en 2025, el Banco Mundial estima que los conflictos de alta intensidad suelen ir seguidos, al cabo de cinco años, de un PIB per cápita inferior en aproximadamente un 20 % a las previsiones establecidas antes del conflicto. Esta diferencia pone de manifiesto la magnitud de las oportunidades económicas perdidas.

Los daños medioambientales prolongan esta situación de fragilidad. La contaminación del suelo y del agua, la degradación de los ecosistemas y la destrucción de las infraestructuras de saneamiento pueden poner en peligro la salud, la agricultura y la habitabilidad de los territorios. Los análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayan la necesidad de integrar estas consecuencias en el proceso de recuperación.

Por último, los efectos traspasan las fronteras: rutas comerciales interrumpidas, abastecimientos inciertos y necesidades adicionales en los países vecinos. La prevención de los conflictos constituye, por tanto, un reto para el desarrollo regional, además de una responsabilidad para con las poblaciones directamente afectadas.

Una paz duradera exige protección, justicia y perspectivas de desarrollo

La impunidad debilita las instituciones y prolonga las divisiones

El cese de los combates no basta para restablecer una vida en comunidad basada en la confianza. Hay personas que pueden seguir privadas de sus tierras, expuestas a amenazas o sin recursos ante la violencia sufrida.

La impunidad deja, por tanto, una incertidumbre fundamental: ¿se protegerán realmente los derechos? Puede favorecer la repetición de los abusos, reforzar las relaciones de dominación y alejar a los ciudadanos de las instituciones.

El informe mundial sobre el ODS 16, publicado en septiembre de 2025 por el PNUD, la ONUDD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca los vínculos entre la debilidad del Estado de derecho, la corrupción, el tráfico ilícito de armas y los conflictos.

Para que la paz resulte creíble es necesario, por tanto, hacer accesible la justicia. Esto exige investigaciones independientes, juicios justos, la protección de las víctimas y los testigos, así como reparaciones adecuadas. El reconocimiento de los perjuicios y las reformas institucionales deben contribuir a evitar que se repitan.

Esta exigencia se aplica también a las instituciones de seguridad. Su eficacia debe ir acompañada del respeto de los derechos y de mecanismos de control: una autoridad que protege inspira una confianza que la arbitrariedad no puede establecer.

Reconstruir las condiciones para un desarrollo compartido

La recuperación no puede esperar a que se alcance una estabilidad perfecta. Mantener la educación, restablecer la atención sanitaria, apoyar la producción y reparar las redes esenciales permite preservar las capacidades indispensables para salir de la crisis.

Estas intervenciones deben ir acompañadas de la búsqueda de soluciones políticas, la mediación y la participación de la población. Asimismo, deben evitar reproducir las exclusiones territoriales, económicas o sociales que puedan alimentar las tensiones. La pobreza no conduce automáticamente a la violencia; sin embargo, las injusticias persistentes pueden debilitar la cohesión colectiva.

Para la Asociación Mundial para el Desarrollo, este enfoque implica vincular la protección de las personas con sus oportunidades de aprender, trabajar, participar y ejercer sus derechos. El empleo juvenil, la autonomía económica de las mujeres, el acceso equitativo a los servicios y la calidad de la administración pública contribuyen a esta reconstrucción.

La visión de la AMD se centra , por tanto, en las condiciones para un desarrollo que sea a la vez posible, compartido y sostenible. Rehabilitar una escuela es importante; permitir que los niños asistan a ella con seguridad, con profesores y una enseñanza de calidad, es lo que determina su contribución real.

En el marco de la 81.ª Asamblea General, esta coherencia debe guiar la cooperación entre los Estados, las instituciones internacionales y los agentes locales. La protección humanitaria, la resolución política de los conflictos, la justicia y el desarrollo exigen responsabilidades distintas, pero también esfuerzos coordinados y sostenidos a largo plazo.

Hacer de la paz una realidad duradera exige que las decisiones en materia de seguridad y cooperación se evalúen también en función de sus efectos sobre los derechos, las condiciones de vida y el futuro de las poblaciones.

 

Morgan CHOKI