Los países que se enfrentan a las necesidades de desarrollo más acuciantes no siempre disponen de los recursos financieros más accesibles. El peso de la deuda, el coste del capital y las desigualdades en materia de inversión limitan su capacidad para financiar de forma sostenible sus prioridades. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la reforma de la financiación mundial del desarrollo se perfila como una necesidad fundamental: movilizar los recursos necesarios para la inversión sin agravar las vulnerabilidades que se pretende reducir.

 

Restablecer la confianza y reforzar la eficacia de la acción multilateral —objetivos que persigue esta 81.ª sesión— supone hacer que los compromisos internacionales sean financieramente viables. Para los países afectados, esta exigencia se traduce en una capacidad concreta: financiar sus prioridades sin comprometer la continuidad de los servicios públicos ni aplazar de forma duradera las inversiones esenciales.

Por lo tanto, el debate va más allá del volumen de los recursos movilizados. Se refiere a su coste, su destino, los riesgos que suponen para los Estados y el peso que se les concede en la toma de decisiones.

 

Cuando financiar el presente compromete las capacidades del futuro

La deuda y el coste del desarrollo aplazado

El endeudamiento puede impulsar la transformación económica cuando financia inversiones útiles en condiciones sostenibles. Se convierte en una limitación cuando sus vencimientos reducen de forma duradera los recursos destinados al desarrollo.

Según el Informe sobre la deuda internacional 2025 del Banco Mundial, los países de renta baja y media pagaron 415 000 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda externa en 2024, una cifra récord. Estos pagos mobilizan recursos que podrían destinarse, entre otras cosas, a la educación, la atención primaria y las infraestructuras.

Las consecuencias se acumulan con el tiempo. Una formación aplazada puede limitar la inserción laboral. Una red de abastecimiento de agua con un mantenimiento insuficiente puede requerir una rehabilitación más costosa. Una prevención sanitaria debilitada expone a las poblaciones y a los presupuestos públicos a crisis evitables.

El desarrollo aplazado tiene, por tanto, un coste humano, pero también económico: puede debilitar las capacidades productivas y los ingresos futuros necesarios para el reembolso de la deuda. Una gestión sostenible debe tener en cuenta esta relación entre las obligaciones financieras y las inversiones a largo plazo.

Condiciones de acceso que reflejan de forma imperfecta las necesidades

La vulnerabilidad no se reduce únicamente al nivel de renta. Un pequeño Estado insular puede presentar una renta intermedia y, al mismo tiempo, seguir estando muy expuesto a catástrofes, a importaciones costosas y a perturbaciones del comercio.

Un estudio publicado por las Naciones Unidas en enero de 2026 pone de relieve las limitaciones que presenta el ingreso per cápita a la hora de evaluar estas situaciones. Recomienda el uso complementario del índice de vulnerabilidad multidimensional, aprobado por la Asamblea General en 2024, con el fin de orientar mejor la financiación en condiciones favorables.

Los países menos adelantados, los Estados sin litoral y los países afectados por conflictos presentan, a su vez, limitaciones específicas. Adaptar las respuestas supone examinar su exposición a las crisis, sus capacidades institucionales y sus necesidades de inversión.

Esto implica asimismo reforzar su participación en la toma de decisiones: los países afectados deben poder contribuir a definir los criterios y las condiciones que determinan sus posibilidades de desarrollo.

 

Reformar los instrumentos, compartir las responsabilidades

Distinguir entre las necesidades de financiación y las de alivio de la deuda

Una dificultad temporal de liquidez y una deuda insostenible a largo plazo no requieren las mismas respuestas. En el primer caso, una financiación asequible o una reestructuración de la deuda pueden ofrecer un margen de maniobra. En el segundo, los nuevos préstamos solo pueden aplazar el problema.

Por lo tanto, la reforma debe permitir combinar, según las situaciones, donaciones, préstamos en condiciones favorables (a tipos reducidos y con plazos largos) y reestructuraciones suficientemente rápidas y adaptadas. Una suspensión de los pagos tras una crisis grave puede proteger los gastos urgentes, sin resolver necesariamente el desequilibrio de fondo.

Esta responsabilidad recae tanto en los prestatarios como en los acreedores. La transparencia de los contratos, la evaluación de los riesgos y la calidad de las inversiones deben acompañar a las decisiones de financiación. La población no debería soportar por sí sola las consecuencias de compromisos mal concebidos o de reestructuraciones tardías.

Bancos multilaterales más accesibles y representativos

El Compromiso de Sevilla, adoptado en 2025, prevé, entre otras cosas, el objetivo de triplicar los préstamos anuales de los bancos multilaterales de desarrollo, así como medidas destinadas a reducir los costes de los préstamos y a reforzar la voz de los países deudores. Se trata de compromisos que deben materializarse, cuyos efectos dependerán de las modalidades de aplicación.

El fortalecimiento de estos bancos debe permitir financiar proyectos a largo plazo, apoyar su preparación y reducir los obstáculos administrativos. Su gobernanza también debe integrar mejor las prioridades de los países a los que prestan apoyo.

De este modo, la eficacia de la reforma podrá evaluarse a través de criterios precisos: el coste real de los recursos, los plazos de desembolso, el acceso de los países vulnerables a la financiación en condiciones favorables y la capacidad para preservar las inversiones esenciales.

Inversiones sostenibles evaluadas en función de su contribución al desarrollo

El aumento de los capitales disponibles no garantiza que estos se destinen a las necesidades prioritarias. Según el Informe sobre la inversión mundial 2026 de la UNCTAD, las veinte principales economías receptoras captaron más del 80 % de la inversión extranjera directa mundial en 2025.

Por lo tanto, movilizar la inversión privada exige objetivos explícitos: empleos dignos, competencias locales, servicios accesibles y respeto por el medio ambiente. Las garantías públicas deben facilitar los proyectos útiles, al tiempo que se controlan los riesgos que asumen los presupuestos nacionales.

Para la Asociación Mundial para el Desarrollo, esta exigencia vincula directamente la reforma financiera con la educación, la salud, el empleo juvenil, la autonomía económica de las mujeres y el acceso al agua y a la energía. Implica asimismo una movilización equitativa de los ingresos nacionales y una utilización transparente de los recursos.

La 81.ª Asamblea General constituye un espacio político para respaldar estas transformaciones y examinar el cumplimiento de los compromisos existentes. Su éxito dependerá de las decisiones de los Estados, los acreedores y las instituciones financieras. Una reforma útil debe ampliar de forma sostenible las posibilidades de inversión de los países y reducir su exposición a las crisis.

La AMD invita a los actores del sector financiero a integrar la protección de las inversiones esenciales y la reducción de las vulnerabilidades entre los criterios explícitos de sus decisiones y evaluaciones.

 

Morgan CHOKI