La representación internacional determina la capacidad de los Estados y las poblaciones para influir en las decisiones que marcan el rumbo de su desarrollo. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la reforma del multilateralismo vuelve a poner de relieve la necesidad de distribuir mejor el poder de decisión, reforzar el peso de las prioridades africanas y ampliar la influencia efectiva de las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil. La AMD vincula esta evolución a una exigencia concreta: convertir la representación en una verdadera palanca para mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo sostenible de las poblaciones.

 

Influir en las normas que orientan el desarrollo

Las negociaciones internacionales contribuyen a definir las condiciones de financiación, las respuestas a las crisis, las normas comerciales y las modalidades de cooperación tecnológica. Sus efectos se reflejan en los presupuestos públicos, las oportunidades de inversión y el acceso a los servicios esenciales.

Por lo tanto, merece la pena examinar el reparto del poder en el seno de las instituciones internacionales a través de una pregunta concreta: ¿en qué medida pueden los países afectados influir en las normas y las prioridades que orientan su desarrollo?

Las prioridades africanas en la toma de decisiones a escala mundial

África participa en la elaboración de respuestas globales a través de sus iniciativas diplomáticas, sus experiencias de cooperación y sus capacidades económicas, científicas y humanas. Esta contribución debe poder ejercerse en instituciones en las que sus Estados dispongan de medios suficientes para proponer, negociar y decidir.

La reforma del Consejo de Seguridad cristaliza esta exigencia. En mayo de 2026, la Unión Africana reafirmó su reivindicación de al menos dos puestos permanentes, con todas las prerrogativas correspondientes —incluido el veto mientras este exista— y de cinco puestos no permanentes en un Consejo ampliado. Esta postura sigue constituyendo una reivindicación de reforma.

Más allá de los escaños, la influencia se basa en los derechos de voto, la capacidad de incluir asuntos en el orden del día, los conocimientos especializados disponibles y la participación en las negociaciones preparatorias. Implica asimismo una concertación africana capaz de defender prioridades comunes, teniendo en cuenta al mismo tiempo la diversidad de las situaciones nacionales.

La evolución del Fondo Monetario Internacional ilustra un cambio concreto en la representación: en noviembre de 2024, su Consejo de Administración se amplió a 25 miembros, tres de los cuales representan al África subsahariana, frente a los dos que había anteriormente.

La evaluación de tales reformas debe centrarse, a continuación, en su capacidad para reforzar la contribución de los países en cuestión a las orientaciones de la institución.

De los equilibrios institucionales a las consecuencias para la población

El vínculo con el desarrollo radica en el contenido de las decisiones. Las modalidades de financiación influyen en la capacidad de invertir en escuelas, infraestructuras sanitarias o acceso al agua. Las normas comerciales pueden facilitar o limitar la transformación local de los recursos. Las condiciones de la cooperación tecnológica inciden en las posibilidades de desarrollar competencias y actividades productivas.

Una representación más equilibrada puede favorecer que se tengan en cuenta estas realidades. Sin embargo, no garantiza automáticamente unas políticas mejor adaptadas: la calidad de las propuestas, las alianzas, las capacidades administrativas y las decisiones nacionales siguen siendo determinantes.

El reto consiste en reforzar la capacidad de los países para defender trayectorias de desarrollo que puedan poner en práctica y mantener a largo plazo. Para las poblaciones, esto se refiere tanto al acceso inmediato a los servicios como a la consolidación de los logros: continuidad de la atención sanitaria, calidad de la educación, empleos sostenibles y resiliencia de las infraestructuras.

Vincular la representación con la responsabilidad

Una reforma internacional puede alterar los equilibrios entre los Estados sin ampliar suficientemente la participación en el seno de las sociedades. Por lo tanto, el papel que se concede a los pueblos debe examinarse en paralelo al de sus gobiernos.

Este enfoque implica la preparación de las posiciones nacionales, el desarrollo de las consultas y el seguimiento de las decisiones.

Otorgar una influencia efectiva a las mujeres, a los jóvenes y a la sociedad civil

El Pacto para el Futuro, adoptado en 2024, prevé reforzar la participación efectiva de los jóvenes a nivel nacional e internacional. La 81.ª sesión constituye un marco para continuar con la aplicación de este compromiso.

Su aplicación práctica supone la posibilidad de contribuir antes de que se tomen las decisiones, de proponer modificaciones y de conocer el seguimiento que se da a las recomendaciones. Tanto para las mujeres como para los jóvenes, el acceso a funciones de negociación y de responsabilidad debe estar respaldado, asimismo, por procedimientos transparentes y medios adecuados.

La sociedad civil puede aportar su conocimiento de las dificultades a las que se enfrentan las comunidades y documentar los efectos de las políticas. Su implicación puede, en particular, arrojar luz sobre los obstáculos a la escolarización de las niñas, a la autonomía económica de las mujeres o a la inserción laboral de los jóvenes.

La diversidad de los participantes resulta aquí decisiva. Las organizaciones rurales, las personas con discapacidad y los agentes que disponen de escasos recursos deben poder aportar su contribución. Esto exige tener en cuenta los costes, las lenguas, la accesibilidad y las desigualdades digitales.

Rendir cuentas de las decisiones defendidas en nombre de los pueblos

Una representación legítima supone un vínculo continuo con aquellos cuyos intereses se defienden. Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de explicar sus posiciones, organizar la concertación y rendir cuentas de los compromisos adquiridos. Las organizaciones ciudadanas también deben ser transparentes en cuanto a sus métodos de consulta y los intereses que defienden.

Para la AMD, tres criterios permitirían evaluar los avances: la diversidad de las aportaciones recabadas, su influencia identificable en las decisiones y la existencia de un seguimiento público de su aplicación.

Este enfoque vincula la reforma institucional con los ámbitos del desarrollo sostenible. Permite preguntarse cómo las decisiones internacionales tienen en cuenta las necesidades educativas, sanitarias, económicas y medioambientales, y cómo se evalúan sus efectos entre la población.

Los debates de la 81.ª Asamblea General saldrían así beneficiados si se asociara toda propuesta de reforma a responsabilidades concretas y a modalidades de seguimiento accesibles. Es en esta articulación entre poder, participación y resultados donde la AMD sitúa la exigencia de una renovación del multilateralismo.

Una mejor representación de África y de sus pueblos debe otorgarles mayor influencia en las decisiones que determinan su futuro.

 

Morgan CHOKI